¿Responsabilidad Patrimonial del Estado?

Villahermosa Centro Tabasco 

11 de Agosto del 2004-08-10

Lic. Eligio León Traconis

Observaciones al proyecto de iniciativa de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco

1.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dirigió a México la recomendación: “de elevar la protección de los derechos de los gobernados”; lo que a su vez procura una atención pública más eficiente y eficaz. 

2.- Por su parte y en acatamiento a esa “recomendación” Los legisladores federales entendieron que era necesario hacer una reforma a La Constitucional Política de los Estado Unidos Mexicanos y el 14 de junio de 2002, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la adición de un segundo párrafo al artículo 113, que consigna lo siguiente: “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establecen las leyes”

3.- Con base en lo anterior los legisladores federales decidieron hacer una “Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial”. Se echaron a vuelo las campanas y se promulgó, supuestamente con ese título, aunque la que yo conozco, que reglamenta el Título Cuarto de la Constitución General de la República se denomina “Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de marzo de 2002 y derogó los Títulos Primero, Tercero y Cuarto (sobre materia administrativa) de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, (solo en lo relativo al ámbito federal). Honradamente creo que esta es la consabida Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial que no aparece. 

4.- Tabasco, respetuoso del Pacto Federal, mediante publicación que se hizo en el Periódico Oficial del Estado, del 11 de junio de 1983 adicionó el artículo 71 de la Constitución Política del Estado y agregó: “La responsabilidad de los poderes del Estado, la de los ayuntamientos y la de los organismos autónomos, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes secundarias. El poder público de que se trate, estará facultado para ejercitar, con las formalidades del caso, en la vía o acción que se prevea en la ley de la materia; en contra del servidor público responsable, la resarción al patrimonio hacendario, del monto que por este motivo hubiere erogado”

5.- En eco a lo anterior los legisladores del Estado de Tabasco se ocuparon de trabajar en un anteproyecto de la llamada “Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco” y hoy estamos aquí tratando de conciliar opiniones para “echar a vuelo las campanas” 

6.- Los moradores ocasionales de San Lázaro no repararon en que la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, en su artículo 1 deja diáfanamente establecido: “Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Si la ley no miente, resulta que el citado rubro comprende los artículos del 108 al 114 y por lo tanto si el 113 queda dentro de ese  mismo grupo, como reglamentado, en la citada Ley no hay justificación para una iniciativa, sino para una adecuación de la Ley Reglamentaria del Titulo Cuarto como se puede inferir del propio segundo párrafo del 113, previendo un procedimiento para reclamar y una instancia donde hacerlo, que muy bien podría ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en razón de la materia.

Por su parte los habitantes, también eventuales, de la “Vieja Casa de Piedra” por inducción, más que por convicción, están cayendo en el mismo error de los “Lazarenos” porque la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, es Reglamentaria del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado de Tabasco, comprende los artículos del 66 al 73 y fue publicada en el Periódico Oficial del Estado del 13 de junio de 1983 y en obvio de repeticiones confirmo el mismo cometario que a la Federal.

C O N C L U S I O N E S

PRIMERO.- Las recomendaciones que emiten las Comisiones de Derechos Humanos, llámense internacional, interamericanas, nacional o estatal, no pasan de eso; RECOMENDACIONES, pero ello no implica que como parte de las convenciones mundiales y la globalización jurídica que se está haciendo, en todo el mundo, no participemos en la confusión legal a que hemos llegado, pero de eso a que nos digan que leyes tenemos que hacer y cuales no, es asunto que nos compete decidir a nosotros y lo más ó menos que podemos hacer es adecuar nuestras leyes, pero no sajonizarlas. Nuestro derecho tiene su propia historia.

SEGUNDO.- El anteproyecto de iniciativa de la “Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco”, es ocioso por las razones expuestas.

TERCERO.- Debe hacerse una reforma a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en el siguiente sentido:

1.- Establecer que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco es el órgano jurisdiccional competente para dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y los particulares, como resultado del daño objetivo que les resulte en sus bienes, derechos y persona consecuencia de la actividad que desempeñen, sin prescindir de diferenciar entre los servidores públicos por designación, los de elección popular y los pertenecientes a los Poderes Legislativo y Judicial.       

CUARTO.- Reformar la Ley de Justicia Administrativa:

Estableciendo específicamente la competencia para conocer de estos asuntos y prever que se ajustarán para su determinación y cuantía conforme a los principios generales del derecho y sus fuentes.  

OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO

A.- Ya está reglamentada la responsabilidad patrimonial.

B.- La competencia que se le atribuye a los órganos de gobierno, comprendiendo a los Sectores (dependencias) del Poder Ejecutivo, Ayuntamientos, Entidades, Organismos Autónomos. Todos ellos ejercen la llamada JURISDICCIÓN RETENIDA, que es aquella donde las autoridades actúan como JUEZ Y PARTE porque es la propia autoridad emisora del acto la que juzga biinstancialmente la controversia entre ella y los particulares.

C.- La competencia aconsejable es la Contenciosa Administrativa porque ésta es ejercida mediante la JURISDICCIÓN DELEGADA  a través de un órgano autónomo como resulta ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco y además porque en esta jurisdicción la autoridad emisora del acto es PARTE en el juicio como cualquier hijo de vecino.

D.- Además, instituir la competencia en los mismos órganos de gobierno, JURISDICCIÓN RETENIDA- para conocer sobre la responsabilidad objetiva, implica contrariar el artículo 17 de la Constitución General de la República, que exige la administración de una justicia pronta y expedita. ¿Porqué?; Por la sencilla razón de que si aquellos juzgan sus propios actos, como dice el refrán, se convierten en jueces y partes que técnicamente obliga darle vigencia al PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL, eliminando una instancia pues de manera irremediable tendrán que promover o demandar, tarde o temprano, en la JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, en donde autoridades y particulares siempre serán partes, con la conveniencia de que la sentencia la dictará un Órgano Jurisdiccional autónomo, como resulta ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

E.- Las INDEMNIZACIONES, la CONCURREN- CIA y el DERECHO A REPETIR, del estado, contra el servidor público, son INSTITUCIONES DEL DERECHO DE FONDO que por su propia naturaleza se rigen por sus fuentes que son: la doctrina, las leyes, la jurisprudencia, los usos y las costumbres y los principios generales de derecho.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 (Parte conducente)

 TITULO CUARTO

 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996)

Art. 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Art. 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996)

 Art. 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

 Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

 Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

 Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996)

 Art. 111.- Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Art. 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Art. 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE REFORMA, VER PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO UNICO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JUNIO DE 2002)

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)

Art. 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Parte conducente)

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación el miércoles 13 de marzo de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- ESTA LEY TIENE POR OBJETO REGLAMENTAR EL TÍTULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE:

I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;

II.- Las obligaciones en el servicio público;

III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público;

IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y

V.- El registro patrimonial de los servidores públicos.

ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.

ARTICULO 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

I.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;

II.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal;

III.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

IV.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

V.- Los tribunales de trabajo y agrarios;

VI.- El Instituto Federal Electoral;

VII.- La Auditoría Superior de la Federación;

VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

IX.- El Banco de México, y

X.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes.

  

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

(Parte conducente)

 (REFORMADO  SU DENOMINACIÓN S. “C” P. O. 6385 15 DE NOVIEMBRE DE 2003)

TITULO SEPTIMO

 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO

 (REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975)

CAPITULO UNICO

 (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996)

Artículo 66.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como los servidores del Instituto Electoral y Tribunal Electoral de Tabasco, quienes que serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de su respectivas funciones.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

 El Gobernador del Estado, para los efectos de este Título, sólo será responsable en los términos del Artículo 110, segundo párrafo de la Constitución Federal. Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Titulares de las Secretarías, el Procurador de Justicia, los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos, son responsables por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Federales, y a esta Constitución y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado y de los Municipios.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

 Artículo 67.- La Legislatura del Estado, expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de acuerdo con las siguientes prevenciones:

I.- Se impondrán, mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en esta Constitución a los Servidores Públicos en ella señalados, cuando en el Ejercicio de sus Funciones incurren en Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses Públicos fundamentales o de su Buen Despacho.

No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas;

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal; y

III.- Se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores públicos por aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán automáticamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causas de enriquecimiento ilícito a los servidores Públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, y cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes Penales Sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes; además de las otras penas que corresponden.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de pruebas, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996)

Artículo 68.- Podrán ser sujetos de Juicio Político los Diputados a la Legislatura Local, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces del Fuero Común, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tabasco, los Magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los Titulares de las Secretarías, los Directores de la Administración Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, los Subprocuradores, los Agentes del Ministerio Público, los Presidentes Municipales, los Concejales, los Síndicos de Hacienda, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público, en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante el Tribunal Superior de Justicia, previa la declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Conociendo de la acusación, el Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción correspondiente, mediante resolución (sic) de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión una vez practicadas las diligencias correspondientes y con Audiencia del acusado.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son inatacables.

(REFORMADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996)

Artículo 69.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, Titulares de las Secretarías, Procurador General de Justicia, Presidentes Municipales, los Concejales, los Síndicos de Hacienda, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la resolución no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúe con arreglo a la Ley.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son inacatables.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria, y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación Penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

(REFORMADO,  P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Artículo 70.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, cuando algunos de los servidores públicos a que se hace referencia en el párrafo primero del Artículo 69, cometan un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados en el Artículo 69, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

(REFORMADO,  P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Artículo 71.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalan las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del Artículo 67, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

(ADICIONADO  S. “C” P. O. 6385 15 DE NOVIEMBRE DE 2003)

La responsabilidad de los poderes del Estado, la de los ayuntamientos y la de los organismos autónomos, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes secundarias. El poder público de que se trate, estará facultado para ejercitar, con las formalidades del caso, en la vía o acción que se prevea en la ley de la materia; en contra del servidor público responsable, la resarción al patrimonio hacendario, del monto que por este motivo hubiere erogado.

(REFORMADO,  P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)

Artículo 72.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después.

Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que se hace referencia en el Artículo 69.

La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del Artículo 67. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.

(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975)

Articulo 73.- Todos los empleados de Hacienda que tuvieren a su cargo caudales públicos en el Estado y Municipio, garantizarán suficientemente su manejo.

Ley publicada en el Periódico Oficial 4261, el 13 de julio de 1983.

(Parte Conducente)

SECRETARIA DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SUS HABITANTES; SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigir lo siguiente.  

La H. Quincuagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las facultades que le confieren los Artículos 35, 36, Fracciones I, IX Y XXXIX, de conformidad con los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y  76 de la Constitución Política Local, y 

             CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la Ley de responsabilidades de los servidores públicos es una aspiración de justicia y equidad de la sociedad mexicana, basada en la vocación libertaria que existe en un país democrático, Republicano y Nacionalista como el nuestro. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa de Ley, de responsabilidades de los servidores públicos, es la base jurídica para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público garantizando su buena prestación en las funciones encomendadas acabando con fueros y haciendo a todos los ciudadanos iguales ante la Ley y la Justicia, 

TERCERO.- Que la tradición Constitucional del México hace posible que un anhelo de igualdad y Justicia social se cumpla a través de un gobierno revolucionario como el que encabeza Miguel de la Madrid y Enrique González Pedrero: 

CUARTO.- Que el valor jurídico de la Ley de los Servidores Públicos tiene como propósito el de cumplir con la renovación moral exigida por el presidente de México, Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, para erradicar vicios que agobian al pueblo de México. 

QUINTO.- Que esta iniciativa de Ley para Tabasco, es producto de la preocupación del Licenciado Enrique González Pedrero, Gobernador Constitucional del Estado, para acabar las prácticas arraigadas de corrupción que atentan contra la imparcialidad del buen servicio. 

SEXTO.- Que para reglamentar las reformas al Título Séptimo de la Constitución Política del Estado, es necesario legislar sobre la responsabilidad de los servidores públicos, desde el punto de vista político, pena¡ y administrativo: 

Ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO 0058 

ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse en todas y cada una de sus partes, la Ley de responsabilidades de los servidores públicos que reglamenta el título séptimo de la Ley fundamental del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Parte conducente)

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- ESTA LEY TIENE POR OBJETO REGLAMENTAR EL TÍTULO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO EN MATERIA DE:

I. Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;

II. Las obligaciones en el servicio público;

III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que deban resolver mediante juicio político;

IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones;

V. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero.

(REFORMADA, P.O. 08 DE MAYO DE 1993)

 VI. El registro patrimonial de los servidores públicos.

Artículo 2.-¬ Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo primero del artículo 66 Constitucional y en el párrafo del artículo 68 y todas aquellas personas que manejen y apliquen recursos económicos de carácter público.

ARTÍCULO 3.- LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR LA PRESENTE LEY SERÁN:

I. La Cámara de Diputados del Estado;

(REFORMADA, P.O. EXTRAORDINARIO 04   DE MARZO DEL 2002)

II. El Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría Judicial;

(REFORMADA, P.O. EXTRAORDINARIO 04   DE MARZO DEL 2002)

III. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

IV. Las dependencias del Ejecutivo Estatal, y

(REFORMADA, P.O. EXTRAORDINARIO 04   DE MARZO DEL 2002)

V. Los Ayuntamientos, por conducto de sus órganos competentes, y

(REFORMADA, P.O. EXTRAORDINARIO 04   DE MARZO DEL 2002)

VI. Los demás órganos jurisdiccionales y administrativos que determinen las leyes...

JURISPRUDENCIAS RELACIONADAS CON EL TEMA

  

Novena Época.-Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XI, Abril de 2000.- Tesis: P. /J. 33/2000.- Reg. Núm. 192085-CD-Const-Jurisp. - Página:   819. - MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS RESPONDEN CONSTITUCIONALMENTE DEL EJERCICIO INDEBIDO DE SU ENCARGO.  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León, reformada en 1991, impone a los funcionarios municipales electos popularmente la obligación de formular sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría del Estado, pero es infundada la pretensión de que, con ello, se invada la esfera de competencia que el artículo 115 de la Constitución Federal reserva a los Municipios, ya que, por lo contrario, el establecimiento de dicho régimen responde al sistema constitucional de responsabilidades. Así, de los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la intención del Constituyente de regular a ese alto rango las funciones de vigilancia de todos los servidores públicos, a fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública y definir la necesidad de fincar responsabilidades cuando esta función se ejerza en forma indebida; tales disposiciones de la Carta Magna, estatuyen la responsabilidad: política, cuando en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos adopten conductas que perjudiquen los intereses públicos básicos o el buen despacho de los asuntos de su legal competencia; la de carácter penal, por los delitos perpetrados por dichos servidores; y la de índole administrativa, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia inherentes al ejercicio del encargo. Cuando estas responsabilidades son del fuero local, de acuerdo con el artículo 108 constitucional, son materia de las Constituciones Locales y deben ser desarrolladas por las leyes secundarias que al efecto expidan las Legislaturas Locales, tanto en relación con los servidores de los Estados, como de los Municipios. En el Estado de Nuevo León, las normas correspondientes se encuentran plasmadas en los artículos 63, fracción V, 105, 107, 110, 112 y 115 de su Constitución Política, así como en los artículos 2o. y 24, fracciones VII y XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 26, inciso a), fracción VII, 160 y 161 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, y 2o., 3o., 41, 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León, de cuya relación concordante se infiere que el régimen de las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores del Estado de Nuevo León y de sus Municipios, se apega al sistema constitucional..- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/93. Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 6 de noviembre de 1995. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.- El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en abril de ese año, como aislada, con el número LXIV/96), se publique como jurisprudencial, con el número 33/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XVII, Febrero de 2003.- Tesis: I.4o.A.381 A.- Reg. Núm. 184751-CD-Const.-Página:-1156.- SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA APLICARLES UNA SANCIÓN, POR SER UNA NORMA PROGRAMÁTICA QUE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR PARA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA.-En nuestra Constitución Política existen preceptos legales que únicamente trazan principios no totalmente definidos en cuanto a su aplicación concreta. A este tipo de normas se les caracteriza por no tener fuerza suficiente para desenvolverse integralmente, pues están condicionadas a la intervención del legislador para que actualice sus postulados, es decir, requieren ser reglamentadas para su aplicación y mientras tanto constituyen una base y directriz para que el orden jurídico en general sea coincidente y acorde. Es así que el artículo 113 constitucional viene a ser una norma programática, ya que únicamente faculta y habilita al legislador para que regule lo relacionado con: a) las obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones; b) las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que hubieran incurrido (las que consistirán en la suspensión, destitución e inhabilitación, así como la sanción económica, la que no podrá exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados); y, c) los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Sin embargo, es claro que en ningún momento dichos postulados vinculan o ligan al servidor público, pues son precisamente las leyes que se emitan en acatamiento a tales normas programáticas, las únicas que lo van a vincular y no el precepto constitucional que nos ocupa, que únicamente otorga al legislador lineamientos y directrices generales para que éste las desarrolle en los ordenamientos reglamentarios correspondientes que, una vez emitidos, claramente faculten a la autoridad administrativa para que vigile el desempeño del servidor público, inicie el procedimiento e imponga las sanciones respectivas. En consecuencia, el artículo que nos ocupa no puede servir de fundamento para aplicar una sanción a un servidor público.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 322/2002. Titular del Área de Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del titular de esta Contraloría Interna y del titular de la misma dependencia. 22 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

Quinta Época.-Instancia: Cuarta Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-Tomo:-CXXVI.- Reg. Núm. 366654/318739/298124-IUS2003-Actuliz-CD-DVD Página: 73.-INTERPRETACION DE LA LEY.  Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es oscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el papel de legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal.-Amparo directo 6230/54. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 5 de octubre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Arturo Martínez Adame.

Quinta Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-Tomo: XCVIII.- Reg. Núm. 301701-IUS2003-Actual-CDD-VD.- Página: 2038.- INTERPRETACION DE LA LEY, REGLAS DE LA.  Ante la ineludible necesidad de interpretar contenidos y alcances de leyes en pugna, hay que ocurrir, por exclusión y en su orden rigurosamente jerárquico, a las cuatro grandes fuentes de la interpretación legal: a) a la fuente "auténtica", que es aquélla en donde el legislador expresa de manera concreta su pensamiento y su voluntad; b) a falta de ella, a la fuente "coordinadora", buscando una tesis que haga posible la vigencia concomitante y sin contradicciones de los preceptos en posible antítesis; c) a falta de las dos; a la fuente "jerárquica", en donde, al definirse el rango superior, ético, social y jerárquico, de una ley sobre la otra, se estructura, de acuerdo con aquélla, la solución integral del problema; d) y a falta de las tres, a la fuente simplemente "doctrinal" que define cual de las disposiciones a debate ha de conservar la vigencia, por su adecuación a los principios generales del derecho, a la filosofía y a las corrientes del pensamiento contemporáneo jurídico-penal.- Amparo penal directo 2877/46. Palma Moreno Guillermo. 23 de Agosto de 1948. Mayoría de tres votos. Disidentes: Carlos L. Angeles y José Rebolledo. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Quinta Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: LXXII.- Reg Núm. 326948-IIUS2003-Actualiz-CD-DVD.- Página: 6716.- LEYES Y REGLAMENTOS, DIFERENCIA ENTRE LOS.  El carácter propio de la ley, aunque no reside en su generalidad ni en la impersonalidad de las órdenes que da, ya que ese carácter puede tenerlo también los reglamentos, sí consiste en el hecho de que la ley es una expresión de la voluntad nacional, manifestada mediante los Congresos, lo que no puede decirse de un reglamento, que es la expresión de la voluntad de los administradores o de los órganos del poder administrativo. Los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar; así como las leyes deben circunscribirse a la esfera que la Constitución les señala, la misma relación debe guardar el reglamento en relación con la ley respectiva, según nuestro régimen constitucional. Algún tratadista dice: que la ley es una regla general escrita, a consecuencia de una operación de procedimiento, que hace intervenir a los representantes de la nación, que declara obligatorias las relaciones sociales que derivan de la naturaleza de las cosas, interpretándolas desde el punto de vista de la libertad; el reglamento es una manifestación de voluntad, bajo la forma de regla general, emitida por una autoridad que tiene el poder reglamentario y que tiende a la organización y a la policía del Estado, con un espíritu a la vez constructivo y autoritario; (hasta aquí el tratadista). Cuando mucho, se podrá admitir que el reglamento, desde el punto de vista material, es un acto legislativo, pero nunca puede serlo bajo el aspecto formal, ni contener materias que están reservadas a la ley, o sea actos que puedan emanar de la facultad que corresponde al poder legislativo, porque desaparecería el régimen constitucional de separación de funciones. La ley tiene cierta preferencia, que consiste en que sus disposiciones no pueden ser modificadas por un reglamento. Este principio es reconocido en el inciso "f" del artículo 72 de la Constitución, que previene que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observaran los mismos trámites establecidos para su formación. Conforme a la misma Constitución, hay materias que solo pueden ser reguladas por una ley. La reglamentación de las garantías individuales sólo puede hacerse, salvo casos excepcionales, por medio de una ley, en sentido formal; del mismo modo que se necesita una ley para imponer contribuciones y penas para organizar la guardia nacional, etcétera. De modo que si bien existen algunas relaciones entre el reglamento y la ley, no pueden tener ambos el mismo alcance, ni por razón del órgano que los expide, ni por razón de la materia que consignan, ni por la fuerza y autonomía que en sí tienen, ya que el reglamento tiene que estar necesariamente subordinado a la ley, de lo cual depende su validez, no pudiendo derogar, modificar, ampliar y restringir el contenido de la misma, ya que sólo tiene por objeto proveer a la exacta observancia las leyes que expide el Congreso de la Unión, de donde se deduce que si el artículo 4o. constitucional exige una ley previa para que se restrinja la libertad de comercio y trabajo y la ley que establece la restricción no es mas que un reglamento, como los artículos constitucionales no pueden ser reglamentados sino por una ley, está fuera de duda que la reglamentación administrativa esta en pugna con la Constitución, pues el artículo 89, fracción I, de la Constitución vigente, sólo establece la facultad reglamentaria por lo que hace a las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, y el mismo espíritu imperó en todas las Constituciones anteriores.- Amparo administrativo en revisión 58/33. "Revendedores de Boletos de Espectáculos Públicos", S. C. L. y coags. 15 de noviembre de 1935. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jesús Garza Cabello y José María Truchuelo. Relator: Agustín Gómez Campos.

Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, Mayo de 2001.- Reg. Núm. 189594-CD-Const.-Jurisp.- Tesis: P. /J. 67/2001.- Página:   702.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, DESCENTRALIZADA Y DE LOS MUNICIPIOS. LAS FACULTADES PARA SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS Y APLICAR LAS SANCIONES COMPETEN AL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y A LOS MUNICIPIOS, RESPECTIVAMENTE, Y NO AL LEGISLATIVO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL).  La citada disposición, en cuanto faculta al Congreso del Estado de Morelos para conocer del procedimiento de responsabilidad administrativa y sancionar a servidores públicos municipales y del Estado por virtud de las denuncias o quejas ciudadanas que en esa materia se presenten por violación a los principios de imparcialidad, probidad, profesionalismo, honestidad, eficiencia, lealtad y austeridad en el servicio público, ES INCONSTITUCIONAL, porque se aparta de los principios que en materia de responsabilidades de los servidores públicos se desprenden del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente de sus artículos 108 y 113, de los cuales se infiere que en concordancia lógica con la naturaleza administrativa de esa materia, tanto el procedimiento como la sanción -ambos administrativos-, corresponden, por regla general, al superior jerárquico del servidor público administrativo a quien se atribuye la infracción, o bien, a un órgano específico del propio nivel de gobierno, de modo que si el Congreso Local se atribuye esas facultades a través de la reforma impugnada, rompe con el equilibrio de poderes que la Constitución Local debe guardar conforme a lo establecido por los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2000. Diputados integrantes de la Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.- El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de mayo en curso, aprobó, con el número 67/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a nueve de mayo de dos mil uno.