La caducidad en el amparo directo

LA IMPROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO Y LA CADUCIDAD EN EL AMPARO DIRECTO, CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS

Lic. Eligio León Traconis

Octubre 24 de 1995

Dedico este trabajo, de carácter jurídico, a la memoria de mi inolvidable maestro y amigo el Licenciado Mario Claudio Lezcano y Cortazar y reclamo de las nuevas generaciones de servidores de la judicatura un justo reconocimiento a tan distinguido profesional del derecho que durante más de veinticinco años sirvió a la administración de justicia, con un enorme sentido de responsabilidad y de honradez, es quizá de los pocos, si no el único juez, que yo conozco, que tenía como premisa en su vida el que sus sentencias no le fueran revocadas por el Tribunal Superior de Justicia y por ende que en el Juicio de Amparo se negara la protección de la justicia Federal a los quejosos. Era sin lugar a dudas muy cuidadoso en sus sentencias, siempre aspiró y en mucho logró su propósito de actuar con indiscutible sentido de justicia, rechazó, siempre, el soborno, repudió el elogio pues decía que era distintivo de espurios. El destino y la suerte me brindaron la oportunidad de trabajar como Secretario Segundo, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, donde él era Titular, puedo preciarme de que desempeñarse bajo su orientación y su experiencia era un privilegio, vaya este homenaje póstumo, pues en diciembre se cumplen diecinueve años de su fallecimiento y, lo ofrezco con la esperanza de que el salón donde se reúnen los integrantes de la Sala Civil lleve su nombre o de perdida un colonia ò una calle de la ciudad de Villahermosa, pero que se le haga justicia a un hombre modesto y humilde pero honrado y responsable y sobre todo generoso para comunicar sus experiencias. Mario Claudio Lezcano y Cortazar fue un tabasqueño distinguido, que durante su niñez y adolescencia vivió en el hermano estado de Tlaxcala., por temor a represalias de los enemigos de su padre, Don Manuel Lezcano, diputado y periodista, en la época en que fue Gobernador del Estado el General Carlos Greene Ramírez y que fue asesinado en el local que ocupaba el Congreso del Estado, en el lugar donde hoy se ubica el despacho del Gobernador actual, ala izquierda del Palacio de Gobierno.

Porque él me enseñó a desempeñarme en mi profesión con seguridad convictiva hago este análisis. Los Ordenamientos Legales Involucrados son: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Art. 107- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la constitucionalidad de una ley...".

Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala:

Art.44. Con las salvedades a que se refieren los artículos 11,24,25,26, y 27 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:

I.- De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o de laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:

c). - En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de

las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal; y

Art. 46. Los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito tramitarán todos los asuntos de la competencia de los mismos hasta ponerlos en estado de resolución. En caso de que el presidente estime dudoso o trascendental algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo de cuenta al tribunal colegiado, para que éste decida lo que estime procedente.

Art. 47. En los Tribunales Colegiados de Circuito se listarán de un día para otro cuando menos, por los Magistrados ponentes, los negocios que habrán de despacharse en las sesiones ordinarias del tribunal, y se irán resolviendo sucesivamente en el orden en que aparezcan enlistados. Cuando los proyectos se retiren para mejor estudio, volverán a listarse y discutirse en un plazo no mayor de diez días. Por ningún motivo podrá retirarse un negocio por más de una vez.

Cuando el tribunal Colegiado encuentre que un amparo directo que deba resolverse tiene conexión..."

Por su parte la Ley de Amparo establece:

Art. 2. El juicio de amparo se substanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustàndose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley.

A falta de disposiciones expresas, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Art. 74. Procede el sobreseimiento:..

II...

III...

IV...

V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en tramite ante los jueces de distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha afectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.

En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.

En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea patrón.

Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia.

Art. 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

I...

II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83.

Art. 83. Procede el recurso de revisión:

III...

IV...

V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de las leyes federales o locales,..."

Art. 86. El recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez de distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación recurrida.

La interposición del recurso, en la forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no interrumpirá el curso del término a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 184. Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de amparo directo, los Tribunales Colegiados de circuito observarán las reglas siguientes:

I. El presidente turnará el expediente dentro del término de cinco días al Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia, y

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos.

Abundando en normas, el Código Federal de Procedimientos Civiles previene:

Art. 373. El proceso caduca en los siguientes casos:

I...

II...

III...

IV. Fuera de los casos previstos, cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente.

Art. 375. En los casos de las fracciones I y III del artículo 373, la resolución que decrete la caducidad la dictará el tribunal, a petición de parte o de oficio, luego que tenga conocimiento de los hechos que la motiven.

En el caso de la fracción IV del mismo artículo, la caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración por el simple transcurso del término indicado...

La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos.

Art. 231. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados.

Art. 239. Las sentencias que fueren apelables conforme al artículo anterior, serán en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el efecto devolutivo.

Art. 259. La denegada apelación procede cuando no se admite la apelación.

Como este trabajo está dedicado especialmente a las nuevas generaciones de abogados creo incuestionable dar a conocer la integración del poder judicial de la federación tal como lo establece la propia ley:

Art. 1 El Poder Judicial de la Federación se ejerce:

I. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II. Por los Tribunales Colegiados de Circuito;

III. Por los Tribunales Unitarios de Circuito;

IV. Por los Juzgados de Distrito;

V. Por el Jurado Popular Federal; y

VI. Por los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los demás en que, por disposición de la ley, deban actuar en auxilio de la justicia federal.

Estos son, en conclusión los órganos encargados de la administración de justicia federal, pero no hay que perder de vista la doble función que los mismos tienen cuando se trata de la comisión de ilícitos de la competencia de las citadas autoridades y cuando se hace valer el Juicio de Garantías; en el primer caso la escala de autoridad ascendente o jurisdicción es:

1.- Los Jueces de Distrito, que conocen, en primera instancia, de los diversos juicios.

2.- Los Tribunales Unitarios de Circuito, que conocen en materia de apelación.

3.- Los Tribunales Colegiados de Circuito que son los competentes para conocer de amparos tanto indirectos, cuando se viola el procedimiento, como de los amparos directos cuando se atenta contra los derechos substantivos o de fondo (sentencias definitivas).

4.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene competencia para conocer del recurso de revisión, en el caso de los amparos indirectos.

En el segundo aspecto, o sea cuando se hace valer el Juicio de Garantías contra resoluciones de los tribunales del fuero común, la competencia y jurisdicción de los tribunales federales varía un poquito. En esos casos ocurre lo siguiente:

1.- Los Juzgados de Distrito son los encargados de conocer de los amparos indirectos.

2.-Los Tribunales Colegiados de Circuito los que deben hacerlo en los amparos directos y en los recursos de revisión, contra las resoluciones de los Jueces de Distrito en los amparos indirectos.

La competencia en el fuero común., corresponde, en primera instancia a los Juzgados del Ramo y a los Mixtos de Primera Instancia.

En materia de apelación corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados confirmar, revocar o modificar las sentencias del A QUO.

La administración de justicia en los Poderes Judiciales de los Estados es de dos instancias, en la federación de tres instancias y, ocasionalmente, de cuatro instancias, cuando resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En estas situaciones, particularmente del fuero común, no tienen nada que ver los Tribunales Unitarios de Circuito ni la Suprema Corta; esta última sólo en casos excepcionales.

Hecha esta necesaria explicación veamos como se substanciaría un juicio de amparo directo conforme a las prescripciones normativas de la ley de amparo.

1.- Al tener conocimiento de una sentencia definitiva que nos es adversa y que a nuestro juicio lleva implícitos conceptos de invalidez, se debe de promover el juicio de amparo directo ante la propia autoridad responsable atento lo previsto en los artículos 167, 168, 169 y siguientes de la Ley de Amparo.

2.- Aceptada la procedencia del amparo por el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, la propia Ley de Amparo ordena que se observen los requisitos señalados en el artículo 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 184 de la Ley de Amparo, cuyos contenidos fueron transcritos en párrafos anteriores y que en síntesis obliga al magistrado relator para que dentro del plazo de cinco días, formule por escrito el proyecto de resolución, redactado en forma de sentencia.

En la fracción II del mencionado dispositivo hay algo muy significativo pues en su contenido se aprecia un mandato que da al auto, mediante el cual se turna el expediente al Magistrado, efectos de citación para sentencia, la que se deberá pronunciar dentro de los 15 días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos.

No veo, conforme a estos principios normativos porque se hable de una inactividad de trescientos días, cuando la ley le impone al Magistrado 5 días para formular su proyecto de sentencia y quince para pronunciarla. Es, por decirlo con precisión, obligación subjetiva del Magistrado, cumplir con este mandato de la ley, que en estricto derecho no da lugar al transcurso de más tiempo para resolver un amparo directo.

La aplicación supletoria que algunos magistrados, de los Tribunales Colegiados de Circuito hacen de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, me parecen inadecuadas y suponen falta de responsabilidad e infracciones mayores a las garantías constitucionales. No es admisible ni legalmente válido que para atenuar la carga de trabajo se deje en completo estado de indefensión a un quejoso que ya dijo todo lo que tenía que decir en su AMPARO DIRECTO.

¿Qué más puede decir un quejoso que ya expresó sus conceptos de invalidez, que ya cumplió con todos los requisitos habidos y por haber en su demanda de amparo, amén de lo que previenen los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 184 de la Ley de Amparo?

Aceptando sin conceder, legalidad (artículo 2 de la Ley de Amparo), a lo improcedente de la ilegal ( artículos 74, 75 fracción V y 83 fracción III de la Ley de Amparo y 373 y 375 párrafo cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles) subsumiriamos una situación de hecho en una de derecho que no tendría razón de ser, de aceptar la procedencia del sobreseimiento contra la inactividad en los amparos directos que se encuentren en tramite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese lapso, daríamos margen a la aplicación de la fracción III del artículo 83 que prevé la procedencia del RECURSO DE REVISIÒN, asunto éste que contradice lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 184 de la Ley de Amparo, que marca muy claramente las reglas de aplicación directas e incuestionables.

No es válida la aplicación supletoria cuando hay normas o disposiciones en la ley de la materia que regulan el procedimiento, como es el caso concreto.

Donde no es discutible la procedencia de la CADUCIDAD DE LA INSTANCIA es en el supuesto que indica el párrafo segundo de la fracción V del artículo 74 que nos habla de AMPAROS EN REVISIÒN, pues en estos casos la propia ley nos induce a interpretar, de manera sistemática, que se trata de juicios del orden común o federal en los que se está violando el procedimiento y, como el fin del amparo en estos casos, es corregirlo, la desidia o apatía del quejoso trae consigo, como es lógico suponer, que tiene que sufrir las consecuencias de su falta de interés en obtener la resolución, pues su comportamiento provoca rezagos judiciales que dañan la imagen del Poder Judicial Federal.

Ciertamente procede EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ante los Tribunales Colegiados de Circuito contra las  sentencias definitivas, que en el orden federal, dicten los Tribunales Unitarios de Circuito, en materia de APELACIÒN, pero la revisión en estos casos la debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque sería ilógico pensar que losa Tribunales Colegiados de Circuito REVISARAN sus propias resoluciones en AMPAROS INDIRECTOS, como en los AMPAROS DIRECTOS.

La pregunta que espontáneamente surge es:

¿Si las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los AMPAROS DIRECTOS, contra SENTENCIAS de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados no admiten recurso, quien resolvería el RECURSO DE REVISIÒN, que procede contra los autos de sobreseimiento (artículo 83-III) y quien LA APELACIÒN? (artículo 375 párrafo cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles) interpuesta contra la resolución que manda caducar una instancia (artículo 373-IV (mismo Código). Aun más, en el supuesto que no se admitiera la  APELACIÒN, ¿quien tendría el atributo de resolver la sentencia que pudiera dictarse en la DENEGADA APELACIÒN (artículos 259,260 y 261 del Cuerpo Legal Mencionado), insisto, en los asuntos del fuero común de los estados y, ante  quien se interpondría?

La pregunta fluye espontánea, la causa en uno y otro caso es, fundamentalmente, la inactividad procesal, ¿pero cual sería el efecto de aceptar su procedencia?

A mi juicio las prescripciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, se refieren y son aplicables cuando conocen del juicio principal las autoridades del fuero federal, ¿ porqué ? porque como dije en párrafos anteriores; en materia federal la primera instancia la constituyen los distintos Juzgados de Distrito; la segunda, los Tribunales Unitarios de Circuito y la tercera, en el conocimiento de los AMPAROS INDIRECTOS Y DIRECTOS, los Tribunales Colegiados de Circuito, y que en los amparos indirectos y excepcionalmente en los indirectos les toca REVISAR a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la secuela legal y jurisdiccional de los juicios del fuero señalado le compete a los Tribunales Judiciales de la Federación ir aplicando los recursos que le señala el Código Federal de Procedimientos Civiles y los presupuestos procesales como LA CADUCIDAD; EN GENERAL Y, EL SOBRESEIMIENTO, regulado particularmente por la Ley de amparo.

No es factible establecer la posibilidad de un recurso, aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando la Constitución General de la República niega la probabilidad de recurrir la sentencia que se pronuncian los Tribunales Colegiados de Circuito en los AMPAROS DIRECTOS al resolver las violaciones de fondo que cometen los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados al dictar sus sentencias definitivas que pone fin al juicio (artículo 107-IX).

Salvo honrosas excepciones, me ha tocado conocer a Magistrados, presumiblemente capaces, honrados responsables a los que les faltan dedos en las manos y en los pies para contar los trescientos días para sobreseer o caducar la instancia, en un juicio, sin importarles el daño que puedan causar con su irresponsabilidad, a los quejosos que reclaman y esperan la recta aplicación de los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 184 de la Ley de Amparo.

Es impropio y carece de profesionalismo y respeto a su investidura aplicar indebidamente al artículo 74_V de la Ley de Amparo, para sobreseer un juicio y atentatorio de violaciones a las garantías individuales aplicar supletoriamente los artículos 373 y 375 del Código Federal de Procedimientos Civiles para caducar una instancia, cuando con ello se pisotean, aún más, las garantías constitucionales al dar a la procedencia de recursos previstos en los artículos 231, 239 y 259 del Cuerpo Legal mencionado en segundo término, cuando no existirían autoridades competentes para admitirlos y resolverlos si nos apegamos al contenido del artículo 107 fracción IX de la Constitución General de la República, contraviniendo el contenido del artículo 2 de la Ley de Amparo que consigna, genéricamente la substanciación y decisión de las formas y procedimientos que la propia ley establece.

Tamaño quebrantamiento del artículo 107-IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es reglamentado por la Ley de Amparo, nos hace pensar en un ABSURDO COMPORTAMIENTO, que bien requiere de la intervención de os representantes de los tres Poderes de la Unión, por que sistemáticamente están involucrados en la iniciativa, estudio y aplicación de la ley que supone debe ser para beneficio de la sociedad y no para causarle males mayores; aquí todos tienen que asumir su obligación de servir con absoluto sentido de responsabilidad.

X-24-95/Pal. /3467

Nota: Este criterio lo he sostenido desde 1995 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo admitió y reconoció hasta el año 2014. La razón era quitarse el rezago que tenían y siguen teniendo por la proliferación de personas que se dicen amigos y cercanos familiares de los Ministros, que no son otra cosa que unos pillos, mercenarios y corruptos gatilleros del derecho