LA IMPROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO Y LA CADUCIDAD EN
EL AMPARO DIRECTO, CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES
SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS
Lic. Eligio León Traconis
Octubre 24 de 1995
Dedico este trabajo, de carácter jurídico, a la
memoria de mi inolvidable maestro y amigo el Licenciado Mario Claudio Lezcano y
Cortazar y reclamo de las nuevas generaciones de servidores de la judicatura un
justo reconocimiento a tan distinguido profesional del derecho que durante más
de veinticinco años sirvió a la administración de justicia, con un enorme
sentido de responsabilidad y de honradez, es quizá de los pocos, si no el único
juez, que yo conozco, que tenía como premisa en su vida el que sus sentencias
no le fueran revocadas por el Tribunal Superior de Justicia y por ende que en
el Juicio de Amparo se negara la protección de la justicia Federal a los
quejosos. Era sin lugar a dudas muy cuidadoso en sus sentencias, siempre aspiró
y en mucho logró su propósito de actuar con indiscutible sentido de justicia,
rechazó, siempre, el soborno, repudió el elogio pues decía que era distintivo
de espurios. El destino y la suerte me brindaron la oportunidad de trabajar
como Secretario Segundo, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil,
donde él era Titular, puedo preciarme de que desempeñarse bajo su orientación y
su experiencia era un privilegio, vaya este homenaje póstumo, pues en diciembre
se cumplen diecinueve años de su fallecimiento y, lo ofrezco con la esperanza
de que el salón donde se reúnen los integrantes de la Sala Civil lleve su
nombre o de perdida un colonia ò una calle de la ciudad de Villahermosa, pero
que se le haga justicia a un hombre modesto y humilde pero honrado y
responsable y sobre todo generoso para comunicar sus experiencias. Mario
Claudio Lezcano y Cortazar fue un tabasqueño distinguido, que durante su niñez
y adolescencia vivió en el hermano estado de Tlaxcala., por temor a represalias
de los enemigos de su padre, Don Manuel Lezcano, diputado y periodista, en la
época en que fue Gobernador del Estado el General Carlos Greene Ramírez y que
fue asesinado en el local que ocupaba el Congreso del Estado, en el lugar donde
hoy se ubica el despacho del Gobernador actual, ala izquierda del Palacio de
Gobierno.
Porque él me enseñó a desempeñarme en mi profesión
con seguridad convictiva hago este análisis. Los Ordenamientos Legales
Involucrados son: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código
Federal de Procedimientos Civiles.
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
Art. 107- Todas las controversias de que habla el
artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que
determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a
menos que decidan sobre la constitucionalidad de una ley...".
Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala:
Art.44. Con las salvedades a que se refieren los
artículos 11,24,25,26, y 27 de esta ley, son competentes los Tribunales
Colegiados de Circuito para conocer:
I.- De los juicios de amparo directo contra
sentencias definitivas o de laudos, o contra resoluciones que pongan fin al
juicio, por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del
procedimiento, cuando se trate:
c). - En materia civil o mercantil, de sentencias o
resoluciones respecto de
las que no proceda el recurso de apelación, de
acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en
apelación en juicios del orden común o federal; y
Art. 46. Los presidentes de los Tribunales Colegiados
de Circuito tramitarán todos los asuntos de la competencia de los mismos hasta
ponerlos en estado de resolución. En caso de que el presidente estime dudoso o
trascendental algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo de cuenta
al tribunal colegiado, para que éste decida lo que estime procedente.
Art. 47. En los Tribunales Colegiados de Circuito se
listarán de un día para otro cuando menos, por los Magistrados ponentes, los
negocios que habrán de despacharse en las sesiones ordinarias del tribunal, y
se irán resolviendo sucesivamente en el orden en que aparezcan enlistados.
Cuando los proyectos se retiren para mejor estudio, volverán a listarse y
discutirse en un plazo no mayor de diez días. Por ningún motivo podrá retirarse
un negocio por más de una vez.
Cuando el tribunal Colegiado encuentre que un amparo
directo que deba resolverse tiene conexión..."
Por su parte la Ley de Amparo establece:
Art. 2. El juicio de amparo se substanciará y
decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el
presente libro, ajustàndose, en materia agraria, a las prevenciones específicas
a que se refiere el libro segundo de esta ley.
A falta de disposiciones expresas, se estará a las
prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Art. 74. Procede el sobreseimiento:..
II...
III...
IV...
V. En los amparos directos y en los indirectos que se
encuentren en tramite ante los jueces de distrito, cuando el acto reclamado sea
del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio,
no se ha afectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días,
incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.
En los amparos en revisión, la inactividad procesal o
la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la
caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha
quedado firme la sentencia recurrida.
En los amparos en materia de trabajo operará el
sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los
términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea
patrón.
Celebrada la audiencia constitucional o listado el
asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal
ni la caducidad de la instancia.
Art. 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia
para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:
I...
II. Contra las resoluciones que en materia de amparo
directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté
en el caso de la fracción V del artículo 83.
Art. 83. Procede el recurso de revisión:
III...
IV...
V. Contra las resoluciones que en materia de amparo
directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre
la constitucionalidad de las leyes federales o locales,..."
Art. 86. El recurso de revisión se interpondrá por
conducto del juez de distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del
Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para
la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al
en que surta sus efectos la notificación recurrida.
La interposición del recurso, en la forma directa,
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de
Circuito, según corresponda, no interrumpirá el curso del término a que se
refiere el párrafo anterior.
Art. 184. Para la resolución de los asuntos en
revisión o en materia de amparo directo, los Tribunales Colegiados de circuito
observarán las reglas siguientes:
I. El presidente turnará el expediente dentro del
término de cinco días al Magistrado relator que corresponda, a efecto de que
formule por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia,
y
II. El auto por virtud del cual se turne el
expediente al magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la
que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los quince días
siguientes, por unanimidad o mayoría de votos.
Abundando en normas, el Código Federal de
Procedimientos Civiles previene:
Art. 373. El proceso caduca en los siguientes casos:
I...
II...
III...
IV. Fuera de los casos previstos, cuando cualquiera
que sea el estado del procedimiento no se haya efectuado ningún acto procesal
ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de
pedir el dictado de la resolución pendiente.
Art. 375. En los casos de las fracciones I y III del
artículo 373, la resolución que decrete la caducidad la dictará el tribunal, a
petición de parte o de oficio, luego que tenga conocimiento de los hechos que
la motiven.
En el caso de la fracción IV del mismo artículo, la
caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración por el simple
transcurso del término indicado...
La resolución que se dicte es apelable en ambos
efectos.
Art. 231. El recurso de apelación tiene por objeto
que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto
dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios
expresados.
Art. 239. Las sentencias que fueren apelables
conforme al artículo anterior, serán en ambos efectos, salvo cuando la ley
expresamente determine que lo sean sólo en el efecto devolutivo.
Art. 259. La denegada apelación procede cuando no se
admite la apelación.
Como este trabajo está dedicado especialmente a las
nuevas generaciones de abogados creo incuestionable dar a conocer la
integración del poder judicial de la federación tal como lo establece la propia
ley:
Art. 1 El Poder Judicial de la Federación se ejerce:
I. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
II. Por los Tribunales Colegiados de Circuito;
III. Por los Tribunales Unitarios de Circuito;
IV. Por los Juzgados de Distrito;
V. Por el Jurado Popular Federal; y
VI. Por los Tribunales de los Estados y del Distrito
Federal, en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en los demás en que, por disposición de la ley, deban
actuar en auxilio de la justicia federal.
Estos son, en conclusión los órganos encargados de la
administración de justicia federal, pero no hay que perder de vista la doble
función que los mismos tienen cuando se trata de la comisión de ilícitos de la
competencia de las citadas autoridades y cuando se hace valer el Juicio de
Garantías; en el primer caso la escala de autoridad ascendente o jurisdicción
es:
1.- Los Jueces de Distrito, que conocen, en primera
instancia, de los diversos juicios.
2.- Los Tribunales Unitarios de Circuito, que conocen
en materia de apelación.
3.- Los Tribunales Colegiados de Circuito que son los
competentes para conocer de amparos tanto indirectos, cuando se viola el
procedimiento, como de los amparos directos cuando se atenta contra los
derechos substantivos o de fondo (sentencias definitivas).
4.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación que
tiene competencia para conocer del recurso de revisión, en el caso de los
amparos indirectos.
En el segundo aspecto, o sea cuando se hace valer el
Juicio de Garantías contra resoluciones de los tribunales del fuero común, la
competencia y jurisdicción de los tribunales federales varía un poquito. En
esos casos ocurre lo siguiente:
1.- Los Juzgados de Distrito son los encargados de
conocer de los amparos indirectos.
2.-Los Tribunales Colegiados de Circuito los que
deben hacerlo en los amparos directos y en los recursos de revisión, contra las
resoluciones de los Jueces de Distrito en los amparos indirectos.
La competencia en el fuero común., corresponde, en
primera instancia a los Juzgados del Ramo y a los Mixtos de Primera Instancia.
En materia de apelación corresponde a los Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados confirmar, revocar o modificar las
sentencias del A QUO.
La administración de justicia en los Poderes
Judiciales de los Estados es de dos instancias, en la federación de tres
instancias y, ocasionalmente, de cuatro instancias, cuando resuelve la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
En estas situaciones, particularmente del fuero
común, no tienen nada que ver los Tribunales Unitarios de Circuito ni la
Suprema Corta; esta última sólo en casos excepcionales.
Hecha esta necesaria explicación veamos como se
substanciaría un juicio de amparo directo conforme a las prescripciones
normativas de la ley de amparo.
1.- Al tener conocimiento de una sentencia definitiva
que nos es adversa y que a nuestro juicio lleva implícitos conceptos de
invalidez, se debe de promover el juicio de amparo directo ante la propia
autoridad responsable atento lo previsto en los artículos 167, 168, 169 y
siguientes de la Ley de Amparo.
2.- Aceptada la procedencia del amparo por el
Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, la propia Ley de Amparo ordena
que se observen los requisitos señalados en el artículo 46 y 47 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 184 de la Ley de Amparo,
cuyos contenidos fueron transcritos en párrafos anteriores y que en síntesis
obliga al magistrado relator para que dentro del plazo de cinco días, formule
por escrito el proyecto de resolución, redactado en forma de sentencia.
En la fracción II del mencionado dispositivo hay algo
muy significativo pues en su contenido se aprecia un mandato que da al auto,
mediante el cual se turna el expediente al Magistrado, efectos de citación para
sentencia, la que se deberá pronunciar dentro de los 15 días siguientes, por
unanimidad o mayoría de votos.
No veo, conforme a estos principios normativos porque
se hable de una inactividad de trescientos días, cuando la ley le impone al
Magistrado 5 días para formular su proyecto de sentencia y quince para
pronunciarla. Es, por decirlo con precisión, obligación subjetiva del
Magistrado, cumplir con este mandato de la ley, que en estricto derecho no da
lugar al transcurso de más tiempo para resolver un amparo directo.
La aplicación supletoria que algunos magistrados, de
los Tribunales Colegiados de Circuito hacen de las disposiciones del Código
Federal de Procedimientos Civiles, me parecen inadecuadas y suponen falta de
responsabilidad e infracciones mayores a las garantías constitucionales. No es
admisible ni legalmente válido que para atenuar la carga de trabajo se deje en
completo estado de indefensión a un quejoso que ya dijo todo lo que tenía que
decir en su AMPARO DIRECTO.
¿Qué más puede decir un quejoso que ya expresó sus
conceptos de invalidez, que ya cumplió con todos los requisitos habidos y por haber
en su demanda de amparo, amén de lo que previenen los artículos 46 y 47 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 184 de la Ley de Amparo?
Aceptando sin conceder, legalidad (artículo 2 de la
Ley de Amparo), a lo improcedente de la ilegal ( artículos 74, 75 fracción V y
83 fracción III de la Ley de Amparo y 373 y 375 párrafo cuarto del Código
Federal de Procedimientos Civiles) subsumiriamos una situación de hecho en una
de derecho que no tendría razón de ser, de aceptar la procedencia del
sobreseimiento contra la inactividad en los amparos directos que se encuentren
en tramite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden
civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha
efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días,
incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese lapso, daríamos
margen a la aplicación de la fracción III del artículo 83 que prevé la
procedencia del RECURSO DE REVISIÒN, asunto éste que contradice lo establecido
en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y el 184 de la Ley de Amparo, que marca muy claramente las reglas de aplicación
directas e incuestionables.
No es válida la aplicación supletoria cuando hay
normas o disposiciones en la ley de la materia que regulan el procedimiento,
como es el caso concreto.
Donde no es discutible la procedencia de la CADUCIDAD
DE LA INSTANCIA es en el supuesto que indica el párrafo segundo de la fracción
V del artículo 74 que nos habla de AMPAROS EN REVISIÒN, pues en estos casos la
propia ley nos induce a interpretar, de manera sistemática, que se trata de
juicios del orden común o federal en los que se está violando el procedimiento
y, como el fin del amparo en estos casos, es corregirlo, la desidia o apatía
del quejoso trae consigo, como es lógico suponer, que tiene que sufrir las
consecuencias de su falta de interés en obtener la resolución, pues su
comportamiento provoca rezagos judiciales que dañan la imagen del Poder
Judicial Federal.
Ciertamente procede EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ante
los Tribunales Colegiados de Circuito contra las sentencias definitivas, que en el orden
federal, dicten los Tribunales Unitarios de Circuito, en materia de APELACIÒN,
pero la revisión en estos casos la debe resolver la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, porque sería ilógico pensar que losa Tribunales Colegiados de
Circuito REVISARAN sus propias resoluciones en AMPAROS INDIRECTOS, como en los
AMPAROS DIRECTOS.
La pregunta que espontáneamente surge es:
¿Si las resoluciones de los Tribunales Colegiados de
Circuito, en los AMPAROS DIRECTOS, contra SENTENCIAS de los Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados no admiten recurso, quien resolvería el
RECURSO DE REVISIÒN, que procede contra los autos de sobreseimiento (artículo
83-III) y quien LA APELACIÒN? (artículo 375 párrafo cuarto del Código Federal
de Procedimientos Civiles) interpuesta contra la resolución que manda caducar
una instancia (artículo 373-IV (mismo Código). Aun más, en el supuesto que no
se admitiera la APELACIÒN, ¿quien
tendría el atributo de resolver la sentencia que pudiera dictarse en la
DENEGADA APELACIÒN (artículos 259,260 y 261 del Cuerpo Legal Mencionado),
insisto, en los asuntos del fuero común de los estados y, ante quien se interpondría?
La pregunta fluye espontánea, la causa en uno y otro
caso es, fundamentalmente, la inactividad procesal, ¿pero cual sería el efecto
de aceptar su procedencia?
A mi juicio las prescripciones del Código Federal de
Procedimientos Civiles, se refieren y son aplicables cuando conocen del juicio
principal las autoridades del fuero federal, ¿ porqué ? porque como dije en
párrafos anteriores; en materia federal la primera instancia la constituyen los
distintos Juzgados de Distrito; la segunda, los Tribunales Unitarios de
Circuito y la tercera, en el conocimiento de los AMPAROS INDIRECTOS Y DIRECTOS,
los Tribunales Colegiados de Circuito, y que en los amparos indirectos y
excepcionalmente en los indirectos les toca REVISAR a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
En la secuela legal y jurisdiccional de los juicios
del fuero señalado le compete a los Tribunales Judiciales de la Federación ir
aplicando los recursos que le señala el Código Federal de Procedimientos
Civiles y los presupuestos procesales como LA CADUCIDAD; EN GENERAL Y, EL
SOBRESEIMIENTO, regulado particularmente por la Ley de amparo.
No es factible establecer la posibilidad de un
recurso, aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles,
cuando la Constitución General de la República niega la probabilidad de
recurrir la sentencia que se pronuncian los Tribunales Colegiados de Circuito
en los AMPAROS DIRECTOS al resolver las violaciones de fondo que cometen los
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados al dictar sus sentencias
definitivas que pone fin al juicio (artículo 107-IX).
Salvo honrosas excepciones, me ha tocado conocer a
Magistrados, presumiblemente capaces, honrados responsables a los que les
faltan dedos en las manos y en los pies para contar los trescientos días para
sobreseer o caducar la instancia, en un juicio, sin importarles el daño que
puedan causar con su irresponsabilidad, a los quejosos que reclaman y esperan
la recta aplicación de los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y el 184 de la Ley de Amparo.
Es impropio y carece de profesionalismo y respeto a
su investidura aplicar indebidamente al artículo 74_V de la Ley de Amparo, para
sobreseer un juicio y atentatorio de violaciones a las garantías individuales
aplicar supletoriamente los artículos 373 y 375 del Código Federal de
Procedimientos Civiles para caducar una instancia, cuando con ello se pisotean,
aún más, las garantías constitucionales al dar a la procedencia de recursos
previstos en los artículos 231, 239 y 259 del Cuerpo Legal mencionado en
segundo término, cuando no existirían autoridades competentes para admitirlos y
resolverlos si nos apegamos al contenido del artículo 107 fracción IX de la
Constitución General de la República, contraviniendo el contenido del artículo
2 de la Ley de Amparo que consigna, genéricamente la substanciación y decisión
de las formas y procedimientos que la propia ley establece.
Tamaño quebrantamiento del artículo 107-IX de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es reglamentado por
la Ley de Amparo, nos hace pensar en un ABSURDO COMPORTAMIENTO, que bien
requiere de la intervención de os representantes de los tres Poderes de la
Unión, por que sistemáticamente están involucrados en la iniciativa, estudio y
aplicación de la ley que supone debe ser para beneficio de la sociedad y no
para causarle males mayores; aquí todos tienen que asumir su obligación de
servir con absoluto sentido de responsabilidad.
X-24-95/Pal. /3467
Nota: Este criterio lo he sostenido desde 1995 y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo admitió y reconoció hasta el año
2014. La razón era quitarse el rezago que tenían y siguen teniendo por la
proliferación de personas que se dicen amigos y cercanos familiares de los
Ministros, que no son otra cosa que unos pillos, mercenarios y corruptos
gatilleros del derecho
